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La Lizama: desarrollo económico, conservación y cultura ciudadana

Artículo elaborado por:

Angelo Flórez de Andrade y Olga Lucía Patiño

 

 Área de Socio Humanidades

Existe consenso entre el Estado y la sociedad civil frente a la protección de los recursos naturales con criterios de sostenibilidad ambiental y desarrollo. Entonces, ¿qué pasó con el accidente de La Lizama? ¿cuán conflictivo puede llegar a ser conjugar una relación que cuando falla genera afectaciones medioambientales? Hay temas irreversibles, tenemos un Ministerio y una Agencia que regulan esta relación, pero existe un exceso de reglamentaciones que no están siendo soportadas por una conciencia ciudadana en temas ambientales y de política pública (Uribe Vargas, 2013, p. 75, 89).

Ecopetrol, la primera empresa del país e insignia del carácter exportador de crudo en Colombia, ha sido señalado como la responsable principal, seguido de una indignación social hacia la labor del Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA –Agencia Nacional Ambiental-. El derrame, más allá de ser producido por el pozo 158, que ya estaba fuera de servicio, constituye un accidente –que se pudo prevenir- del que según los expertos no ha sido el más grave (ya en 1966 el pozo 13 en la misma zona explotó, evento relatado por Vanguardia Liberal), pero sí el desastre ambiental más documentado, más trinado en redes y más controvertido en un mundo de inmediatez y de supuestamente, mayor conciencia medioambiental.

Primero, el derrame sucedió justo en una zona de elevado potencial agrícola, de diversidad en fauna y flora, al tiempo que es zona donde conviven la ganadería, pescadores y fuentes hídricas (caño Muerto y quebrada La Lizama, afluentes del río Sogamoso). Segundo, suscitó una reubicación forzada de las familias, rescate de animales y pérdida de árboles, por lo que, sumado al impacto ambiental y social generados, el evento es considerado por la Defensoría del Pueblo como una posible violación a los derechos humanos por parte del Estado, por tanto, el Ministerio ha solicitado una investigación a la Fiscalía. Tercero, la falta de control y prevención en el sellamiento de estructuras a través de un plan de contingencia, que son acciones en responsabilidad social que Ecopetrol tiene frente a la protección por derrames en pozos no activos o sellados.

Una baja cultura ciudadana que no se vincule al desarrollo de una auténtica política pública de desarrollo sustentable tiene como efectos que se castigue o se investigue a los responsables cuando ya es tarde, y por segunda vez. El por qué de la lentitud en las acciones preventivas y sancionatorias, normalmente va de la mano con actitudes burocráticas y politizadas del Estado y sus instituciones. Las lecciones de 1966, que monetariamente representaron pérdidas por 45 millones de pesos de entonces –la peor pérdida de Ecopetrol en ese momento-, aún no se aprenden. Sabemos que ahora hablamos de pérdidas no solo económicas y humanas, también ambientales y sociales. Contamos cada vez con más entidades de control, más ministerios, más agencias, más recursos, pero la dinámica vuelve a ser la misma: no se realizan acciones preventivas, pero muy especialmente, no se realizan porque la educación hacia la ciudadanía aún no se desarrolla. Si las comunidades locales, el Estado y sus organizaciones no trabajan conjuntamente y no hacen memoria histórica, la responsabilidad por cuidar la infraestructura que dirige el desarrollo económico se vuelve, como en 1966, una bomba de tiempo.

Referencias

Uribe Vargas, C.A. (2013) El conflicto Desarrollo versus Medio ambiente en Colombia. Revista Academia y Virtualidad Volumen 6: N°1 ISSN 2011 – 0731. P.p. 75-91.

Diario Vanguardia Liberal (13/04/2018). Así fue el otro desastre petrolero en La Lizama de Barrancabermeja hace 52 años. Recuperado de: http://www.vanguardia.com/economia/local/430083-asi-fue-el-otro-desastre-petrolero-en-la-lizama-de-barrancabermeja-hace-52-ano