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El dilema de los tres ceros

Artículo elaborado por:

César Augusto Corredor Velandia

Rector (E) Unipanamericana

En economía los debates como las modas, van y vienen, especialmente en estas latitudes donde las instituciones son más volátiles. Por eso no sorprende que surja nuevamente la discusión de la eliminación de los tres ceros de nuestra moneda, un refrito parecido al de la dolarización que también aparece con frecuencia. En esta ocasión la propuesta no proviene de algún arriesgado congresista, empresario o Ministro del gabinete, sino del Fiscal General de la Nación, quien conoce de estos temas como quiera que fue miembro de la antigua Junta Monetaria.

Uno de los estudios hechos para Colombia en este tema fue la tesis de maestría de Juan Manuel Vargas (2002). Vargas afirma que el cambio de moneda no tiene efectos sobre el crecimiento económico, ni sobre el desempleo, e incluso no afecta los precios y la inflación de forma sistemática, aunque reconoce que estas dos variables si pueden tener cambios de corto plazo por el ”redondeo” y algunos impactos nominales. Tal como dicen los economistas clásicos, el dinero es un “velo”.

En cambio, si hay unos costos que el Ministerio de Hacienda estima en $800 mil millones. Para el Banco Central implica la impresión de nuevas monedas y billetes, un proceso de educación financiera y unos gastos de operatividad para recoger la moneda antigua. Para las empresas significa asumir modificaciones en contabilidad, publicidad, listas de precios (costos de menú) y sistemas de información.

¿Por qué entonces estos cambios de moneda se han hecho en otros países? En América Latina ha habido casos realmente preocupantes que ameritaban decisiones de sustitución monetaria. Perú con la implementación del nuevo Sol, México cuando constituyó el nuevo peso, Brasil con el plan real, Argentina y sus cambios de moneda, Ecuador y su proceso de dolarización son algunos de los ejemplos más dicientes. En todos ellos confluyeron situaciones de precios e inflaciones altas, baja credibilidad en las instituciones económicas y monedas cuyo uso se había desvirtuado. Todo esto en un contexto de planes en materia monetaria y fiscal para corregir situaciones de inestabilidad económica. Esto lo explican ampliamente autores como Carlos Vegh y Guillermo Calvo.

Colombia por el contrario no ha enfrentado los procesos de inflación o de devaluación excesivas. La autoridad monetaria y la divisa colombiana tienen una credibilidad que le han permitido al país mantener precios estables a lo largo de la historia, algo aún más evidente en los últimos años en que la inflación se ha mantenido dentro del terreno de un solo dígito.

El fin que persigue la fiscalía es quitar valor a las propiedades de los grupos ilegales y obligarlos a pasar a través del sistema financiero. Si hay actuales pesos encaletados estos deberán cambiarse al cabo de un tiempo por la nueva moneda y sus dueños tendrán que demostrar su origen. Al no poder comprobar esto último, esos pesos clandestinos quedarán sin valor al finalizar este proceso de transición.

Probablemente hace unos años hubiera sido una excelente manera de afectar las finanzas de grupos como las FARC, pero hoy, cuando lo que interesa es que entreguen sus propiedades, ya no parece tener un impacto tan importante en esta lucha. Más aún cuando el solo anuncio ya les permite tomar decisiones para desviar estos dineros antes de la implementación de la modificación.

En definitiva, se pregunta uno si hoy cuando estamos en un momento distinto vale la pena entrar en los costos que implica la creación de una nueva moneda para un éxito parcial frente a la ilegalidad. En mi caso particular creería que terminaría saliendo más caro el collar que el perro.