¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN COLOMBIA CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN?

Artículo escrito por:

Alba Falkonerth, docente investigadora del Programa de Finanzas y Negocios Internacionales 

Colombia, al igual que varios países del mundo, han optado por promover la inversión extranjera directa e indirecta a través de los Acuerdos Internacionales de Inversión (conocidos como AII), los cuales son instrumentos internacionales que suscriben los Estados entre sí, para promover y proteger a sus inversionistas y sus inversiones en el Estado receptor.

Estos AII son conocidos normalmente como tratados bilaterales de inversión (TBI) y/o Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), que pueden ser pactos internacionales independientes o estar contenidos en los capítulos de inversión de los tratados de libre comercio. Actualmente, Colombia tiene 13 tratados vigentes de esta naturaleza.

Dentro de las características más importantes que contienen estos AII, son la facultad que otorgan al inversionista protegido, bajo tratado, para llevar al Estado receptor de la inversión ante un tribunal internacional, aduciendo afectación de sus intereses. Estos foros de solución de controversias suelen ser el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión Arbitraje – CIADI del Banco Mundial y The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) de la ONU; así mismo, llama la atención la amplitud de la protección a estos actores bajo las disposiciones normativas de la cláusula de la nación más favorecida, cláusula de trato justo y equitativo, cláusula de expropiación (directa e indirecta) y cláusula paraguas entre otras; las cuales contienen innumerables obligaciones para el Estado.

Ahora bien, en el caso colombiano empieza a suscitarse un amplio debate en torno a la conveniencia o no de suscribir estos AII, ya que el incremento de la inversión extranjera en el país no se puede atribuir directamente a estos o por lo menos las cifras no lo reflejan claramente, por otra parte, el Estado asume unas obligaciones que ponen en riesgo la estabilidad económica y la gobernanza institucional. Esta última afirmación obedece a que ya existen varias demandas contra Colombia como es el caso de Eco Oro por el Páramo de Santurbán por valor de 764 millones de dólares y Glencore International por valor de 594 millones de dólares, entre otros.

Estas cifras resultan ser preocupantes, ya que si Colombia es condenada en estos tribunales internacionales de arbitraje, los cuales suelen ser más favorables para los inversionistas al momento de proferir sus laudos, deberá pagar a los particulares, lo que afecta su estabilidad fiscal y sus compromisos internacionales. Quizá, esta sea la razón por la cual, varios Estados Como Bolivia y Brasil han dejado de suscribir estos AII e incluso denunciar los existentes. En el caso de Brasil por ejemplo, no se ha ratificado ningún TBI y adicional a esta medida crearon su propio modelo denominado: “acuerdos sobre cooperación y facilitación de inversiones”, el cual goza de dos características que hacen la diferencia con los referidos en este artículo, el primero consiste en que el mecanismo de solución de diferencias es Estado- Estado y no como el tradicional arbitraje inversionista – Estado, y el segundo es que crea comités conjuntos como en los TLC para la solución de controversias; garantizando así, que el Estado no sea llevado por particulares a estos foros como el CIADI y UNICITRAL.

Dicho esto, pareciera que son más los riesgos que asume el Estado colombiano al ratificar estos instrumentos internacionales que los beneficios que estos traen, por lo cual, empieza a evidenciarse la necesidad de que Colombia adopte urgentemente una política de Estado frente al manejo en la elaboración y aprobación de estos AII, así mismo, establecer una estrategia de defensa jurídica del Estado para afrontar en debida formar estos pleitos para no repetir decisiones desfavorables como en el caso de la delimitación marítima del meridiano 82 con Nicaragua, que se desarrolló en el Tribunal de Justicia Internacional.

Por lo pronto se han anunciado medidas gubernamentales como las contenidas en el CONPES 3684 de 2010 para la prevención y atención de controversias internacionales, capacitación a servidores públicos sobre decisiones que puedan generar obligaciones internacionales para el Estado y la estrategia litigiosa que adoptará la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Amanecerá y veremos.

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